Los delitos contra los derechos sexuales tienen su origen en las desigualdades sexistas y en la estructura jerárquica de familias y clanes donde los miembros más poderosos controlan el cuerpo y la vida sexual de las mujeres y jóvenes de ambos sexos.
El incesto, la mutilación genital femenina, el tráfico o comercio sexual infantil, el matrimonio forzado o las agresiones se justifican mediante ideologías de masculinidad.
Esta violencia expone a la población más vulnerable al riesgo de infección por VIH, por lo que la lucha contra la violencia sexual es también la lucha contra el VIH.
Las trabajadoras sexuales constituyen uno de los grupos más vulnerables a la infección de VIH y están expuestas a sufrir situaciones de violencia y discriminación en mayor medida que otras mujeres.
Angata colabora con un grupo de mujeres trabajadoras sexuales desde hace años, proveyéndolas de preservativos e información veraz sobre su salud sexual y reproductivay ayudándolas en su empoderamiento para la exigencia de sus derechos.
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